De dónde venimos
El proceso de privatizaciones y desregulación económica llevado acabo a
lo largo de la década del noventa supuso profundas transformaciones en
el sector energético y, en particular en la producción de hidrocarburos.
La privatización, y posterior traspaso de YPF al capital extranjero,
fue presentada como la solución definitiva a los problemas de
abastecimiento energético que históricamente había enfrentado nuestro
país.
Si bien la desregulación llevada adelante a lo largo de la década del
noventa permitió un incremento transitorio en los niveles de producción,
producto de la extraordinaria rentabilidad que adquirió la producción
petrolera, la falta de inversión en exploración y la característica
predatoria sobre los recursos disponibles que adquirió la producción
durante ese período condicionó sensiblemente el autoabastecimiento
energético en la década siguiente.
En los años noventa, la industria petrolera se desarrolló bajo un
esquema cortoplacista en el marco del proceso de desindustrialización
más agudo que sufrió nuestro país. El incremento en los niveles de
producción y las crecientes exportaciones de petróleo y gas se
sostuvieron sobre dos pilares centrales. En primer lugar, en el
aprovechamiento de las reservas descubiertas en el período previo, en su
inmensa mayoría por la YPF estatal. En segundo lugar, por el
estancamiento de la demanda energética interna, ante el desmantelamiento
del tejido productivo local, proceso que posibilitó la existencia de
crecientes excedentes para la exportación.
De esta forma, el esquema energético heredado del período neoliberal
sólo era sustentable mientras duraran las reservas descubiertas por la
YPF estatal y siempre y cuando la demanda energética interna no se
expandiera significativamente, esto último garantizado por un agudo
proceso de desmantelamiento de los sectores productivos. Por lo tanto,
la falta de inversiones en exploración se manifestaría una década más
tarde cuando se inició uno de los períodos de crecimiento económico más
notables de la historia argentina.
Efectivamente, la instauración de un nuevo modelo productivo sustentado
en el desarrollo de los sectores productores de bienes y en la inclusión
de amplias franjas de la población puso en evidencia los déficits de
inversión de la etapa previa y la necesidad de garantizar el
autoabastecimiento en materia energética. En este marco, los recursos
energéticos volvieron a considerarse como un activo estratégico para
garantizar un desarrollo sustentable e inclusivo en el largo plazo.
A lo largo de la última década el Estado Nacional ha implementado un
conjunto de medidas tendiente a garantizar el abastecimiento del mercado
interno, incentivando la producción y la exploración en materia
hidrocarburífera. Dichas medidas tuvieron como objetivo lograr, por un
lado, un crecimiento en los niveles de producción de hidrocarburos,
reduciendo de esa manera su impacto deficitario en la balanza comercial,
y al mismo tiempo expandir las reservas en gas y petróleo a través de
mayores inversiones en exploración.
Hacia dónde vamos
En el marco de la profundización del proceso de crecimiento con
inclusión social, en el último año se destacan una serie de medidas que
transformaron sustancialmente la anatomía del sector hidrocarburífero:
- La Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, que dio lugar a la
recuperación deYPF, principal empresa energética de la Argentina.
- La implementación del “Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural (Resolución 1/2013).
- El “Régimen de Promoción para la Explotación de Hidrocarburos” (Decreto929/2013).
La trayectoria expansiva que ha presentado la demanda de energía desde
2003 a la fecha requiere de una activa intervención del Estado para
garantizar una expansión sustentable de la oferta de hidrocarburos. En
este marco, se implementaron planes de incentivos, los cuales fueron
condicionados a la obtención de metas de producción. Es decir, a
diferencia de la década del noventa cuando los incentivos se otorgaban
sin contrapartida, hoy se confieren con condiciones establecidas por el
Estado Nacional.
En este sentido, el Régimen de Promoción para la Explotación de
Hidrocarburos contempla el otorgamiento de beneficios condicionados a la
realización de inversiones significativas -más de USD 1.000 millones- y
al cumplimiento de metas de inversión para cada uno de los proyectos
que se presenten. En este contexto, YPF S.A presentó un proyecto que en
su primera etapa prevé inversiones por más de USD 1.200 millones, en
asociación con CHEVRON, para el desarrollo del área E. Mosconi que
representa el 1,3% de la formación Vaca Muerta.
La asociación con el capital extranjero para el desarrollo de áreas
estratégicas, ya había sido contemplada en la ley de Soberanía
Hidrocarburífera, que establecía como uno de sus objetivos la
integración del capital público y privado, nacional e internacional, en
alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de
hidrocarburos convencionales y no convencionales. Se debe destacar que la experiencia internacional indica que prácticamente
no hay empresa estatal de petróleo que no esté asociada con capitales
extranjeros para la explotación de los recursos hidrocarburíferos, tal
es el caso de Venezuela y Rusia, entre otros.
Este tipo de asociaciones estratégicas son aún más relevantes en el
caso del desarrollo de hidrocarburos no convencionales, que requieren de
un elevadísimo nivel de inversiones y la utilización de tecnologías de
punta.
En acuerdo entre YPF y Chevron se basa en una asociación equitativa
en donde la primera pone el área y el trabajo, y la segunda el capital
inicial. Se debe destacar que la operación del área será realizada por
YPF y esto permitirá que la empresa con mayoría accionaria estatal
capitalice el conocimiento y el uso de las tecnologías líderes en
extracción de recursos no convencionales. Además, el hecho de que el
área sea operada por una empresa nacional con control estatal, es
ungesto de confianza hacia el país de parte de una de las empresas
líderes a nivel mundial en la explotación de hidrocarburos, tanto
convencionales como no convencionales.
Si se cumplen las expectativas, la explotación de esta área (que sólo
representa el 1,3% del yacimiento Vaca Muerta) va a significar un
aumento muy importante en la producción de YPF, permitiendo revertir la
declinación que experimenta su producción tras años de desinversión en
exploración y explotación por parte de Repsol. En efecto, se prevé que
una vez que el proyecto alcance su máximo nivel de producción -a partir
del quinto año- la producción de petróleo del proyecto representará el
32,9% de la producción actual de YPF. En tanto, que en el caso del gas
representará un 9,3%.
En los últimos días, desde diversos ámbitos se ha sostenido que las
políticas encaradas por el Estado Nacional en materia hidrocarburífera
han determinado un nuevo proceso de extranjerización del sector. Sin
embargo, la realidad parece desmentir estas afirmaciones mientras que en
el 2003 el 89% de la producción petrolera estaba en manos de empresas
de origen extranjero, dicho porcentaje se había reducido al 48% en 2012
gracias a la recuperación de YPF. En el caso de la producción gasífera
la tendencia es similar, puesto que mientras que en el 2003 el 80% de la
producción correspondía a empresas extranjeras, en 2012 dicha
incidencia se había reducido hasta el 63%.
En síntesis, el acuerdo suscripto entre YPF y Chevron forma parte del
conjunto de medidas promovidas por el Estado Nacional tendientes a
transformar estructuralmente el sector energético a fin de garantizar el
autoabastecimiento energético, en el marco del proceso de
reindustrialización que transita nuestro país.
Anónimo.